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Desastres ecológicos en el Río Bacanuchi y Río Sonora fue corrupción de sexenios pasados

 

Ciudad de México-. María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente, se refirió al caso del Río Sonora, donde ocurrió un desastre ecológico tras el derrame de sulfato de cobre acidulado el 6 de agosto de 2014 en el Río Bacanuchi, afluente del Río Sonora.

La funcionaria indicó que años antes la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) autorizó la construcción de las presas de jale en dos cauces del río, algo que no se puede hacer.

Informó que se contaminaron 288.8 kilómetros del Río Sonora afectando económica, social y ambientalmente a más de 22 mil habitantes.

Dijo que entre los impactos se tiene la exposición crónica a metales en suelos y aguas de comunidades del Río Sonora, presencia de metales pesados en agua, grutas, hortalizas y productos lácteos.

También se perdieron la mitad de los árboles endémicos de la región, que murieron tras el derrame.

Comentó que en septiembre de 2014 se firmó un convenio entre Profepa y empresas responsables para remediar, reparar y compensar los daños materiales, ambientales y de salud pública.

Con ello se creó un fideicomiso con 2 mil millones de pesos y en septiembre de 2016 la Semarnat concluyó que los objetivos de remediación habían sido cumplidos, por lo que devolvieron alrededor de 800 millones de pesos a la empresa y en enero de 2017 Profepa determina el cumplimiento de los fines del fideicomiso.

Para el 24 de agosto de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrae un amparo de los habitantes de las zonas afectadas y el 15 de enero del 2020 la Corte sentencia que se debe emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas al derrame que considere una reunión pública para informar a los afectados cómo se determinaron las medidas ambientales y para escuchar preocupaciones y sugerencias.

El 9 de septiembre de 2020, la Semarnat recibió la notificación de la SCJN con la que concedió resolver el amparo a las 36 personas que solicitaron este recurso, por lo que se giraron instrucciones para atender a las personas afectadas a través de una reunión pública.

La reunión se llevará a cabo los días 22 y 23 de mayo de este año.

 

 

 

 

 

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